Vanuatu, Fiyi y Samoa pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) en septiembre de 2024 que considerara el ecocidio un crimen en virtud del derecho internacional. Más de dos años después, esa solicitud sigue sin resolverse, informa Global Voices. Vanuatu fue el primer país en plantear la idea de llevar el ecocidio ante la corte, en 2019. La República Democrática del Congo declaró su apoyo poco después de la presentación. En la actualidad, la corte solo puede juzgar cuatro tipos de delitos: crímenes de guerra, genocidio, agresión y crímenes de lesa humanidad.
El próximo punto de decisión
La próxima prueba para la propuesta llega en el 25.º período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes. Esa reunión se inaugura en La Haya el 30 de noviembre de 2026 y está previsto que concluya el 7 de diciembre. Los gobiernos miembros decidirán allí si la medida obtiene una vía oficial para avanzar, un paso que Global Voices califica de procedimental. Según la valoración del medio, una votación mostraría si el tratado que sustenta la corte, el Estatuto de Roma, puede ampliarse más allá de las atrocidades que sus redactores tenían en mente. Si el asunto se estanca, la legislación nacional y la política vigente de la fiscalía seguirían siendo las principales vías.
Los partidarios sostienen que su adopción permitiría a los fiscales de la CPI imputar a personas, por ejemplo a dirigentes empresariales de grandes contaminadores o a jefes de Estado, por desastres como grandes derrames de petróleo o la tala de selvas tropicales esenciales. Afirman que los fiscales no tendrían que demostrar que una persona concreta haya sufrido daños.
Obstáculos en la asamblea y en Washington
Añadir un crimen no es sencillo. Un nuevo delito debe obtener el respaldo de dos tercios de la Asamblea de los Estados Partes, y los países que se nieguen a aceptar una enmienda de ese tipo no quedarían cubiertos por ella. China, la India y Estados Unidos, que Global Voices identifica como los tres mayores emisores de gases de efecto invernadero, no figuran entre las 123 partes del tratado. Washington también se ha vuelto contra la corte. Según el medio, el gobierno de Trump empezó a sancionar a fiscales y jueces concretos de la CPI a principios de 2025. Después, Trump aprovechó un discurso pronunciado en septiembre de 2026 ante la Asamblea General de la ONU para pedir a todos los miembros que abandonaran el tratado y, en octubre de 2026, extendió las sanciones a la corte como institución.
Lo que han hecho la corte y los gobiernos nacionales
Los fiscales de la CPI no han esperado a la enmienda. Un documento de política que publicaron en diciembre de 2025 explica cómo se puede perseguir el daño medioambiental mediante delitos que el Estatuto de Roma ya recoge. Cita, como uno de los escenarios, la contaminación o la apropiación de recursos naturales como medio a través del cual se comete un crimen de lesa humanidad. El Conflict and Environment Observatory ha señalado que el documento no dice nada sobre la propuesta de ecocidio y que el criterio para los crímenes de guerra sigue sin estar claro. En septiembre de 2026, representantes de la CPI dijeron que el trabajo había avanzado hasta una fase de implementación. Afirmaron que su objetivo era definir con mayor precisión cómo se pueden enjuiciar los delitos medioambientales dentro del tratado.
Algunos gobiernos han legislado por su cuenta. Doce países tienen ya el ecocidio o delitos comparables en su legislación nacional, según Stop Ecocide International, entre ellos Bélgica, Francia y Ucrania. Mauricio fue el más reciente en sumarse, en abril de 2026. En la Unión Europea, una directiva revisada sobre delitos medioambientales abarca conductas que Global Voices describe como comparables al ecocidio. Los Estados miembros tenían de plazo hasta mayo de 2026 para incorporarla a su propia legislación.
Por qué los Estados vulnerables lideran la iniciativa
Global Voices sostiene que los países que más presionan por el cambio son los más golpeados por la crisis climática, aunque apenas contribuyeron a causarla. En Fiyi, según informa el medio, el cambio climático ya ha obligado a trasladar seis aldeas, y hay más reubicaciones en marcha. Ralph Regenvanu, enviado especial de Vanuatu para el Cambio Climático y el Medio Ambiente, ha afirmado que los daños climáticos están «devastando nuestra economía insular, sumergiendo nuestro territorio y amenazando los medios de subsistencia».
Fuentes
- Global Voices (CC BY 3.0)

