Más de tres millones de titulares de arrendamientos de vivienda en Inglaterra recibirán herramientas más sólidas para impugnar los gastos de servicio, ha anunciado el Gobierno del Reino Unido. Según el Gobierno, las primeras protecciones comienzan el 1 de abril de 2027, y cinco conjuntos de reglamentos se presentan ante el Parlamento el 12 de noviembre de 2026 para ponerlas en marcha.
Primeros cambios: abril de 2027
A partir del 1 de abril de 2027, los titulares de arrendamientos de vivienda podrán exigir detalles de aquello que pagan, incluido cómo se gestiona, mantiene, repara y asegura su edificio, según indicó el Gobierno. También se podrá solicitar información de años anteriores, y un arrendador que se negara necesitaría un buen motivo.
En esa misma fecha cambian las normas sobre las facturas legales. Un arrendador necesitará la aprobación de un juzgado o tribunal antes de repercutir los costes legales a un titular de arrendamiento que dispute un cargo. Los titulares de arrendamientos también ganarán el derecho a recuperar sus propios gastos legales. El Gobierno describió la situación actual como un gran obstáculo para impugnar los costes.
Fases posteriores
A partir del 1 de noviembre de 2027, los titulares de arrendamientos recibirán automáticamente información más clara sobre sus cargos, tanto si el edificio pertenece a un arrendador privado, a una autoridad local o a una asociación de vivienda. El Gobierno dijo que esto incluye información detallada sobre el seguro del edificio, salvaguardas más firmes contra las comisiones excesivas por contratar y gestionar ese seguro, y detalles de las tarifas administrativas presentados con claridad. Además, los arrendadores privados tendrán que utilizar formularios de requerimiento de pago estandarizados y más sencillos, y facilitar cuentas financieras e informes anuales.
Las autoridades locales y las asociaciones de vivienda deberán proporcionar los mismos formularios, cuentas e informes a partir del 1 de noviembre de 2028. El Gobierno explicó que disponen de 12 meses adicionales porque sus sistemas de contabilidad y de gastos de servicio son más complejos. Añadió que el calendario por fases busca hacer llegar las protecciones a los titulares de arrendamientos con rapidez y, al mismo tiempo, dar tiempo a los arrendadores para adaptar su facturación y contabilidad.
Un sexto conjunto de reglamentos, que detalla cómo funcionarán las reformas de los costes de litigio, se presentará antes de que termine 2026 y entrará en vigor el 1 de abril de 2027. El Gobierno señaló que los demás reglamentos están sujetos a la aprobación parlamentaria.
Reforma más amplia
Las medidas ponen en práctica partes de la Ley de Reforma del Arrendamiento y la Propiedad Plena de 2024 (Leasehold and Freehold Reform Act 2024). El Gobierno dijo que un proyecto de ley de reforma del commonhold y del arrendamiento (Commonhold and Leasehold Reform Bill) llegará al Parlamento antes de la Navidad de 2026. Haría que un modelo revisado de commonhold fuera el predeterminado para la mayoría de los nuevos pisos, facilitaría el paso del arrendamiento al commonhold, limitaría las rentas de suelo existentes a 250 libras y sustituiría el actual sistema de extinción del arrendamiento (forfeiture) por un enfoque de aplicación más justo.
El primer ministro Andy Burnham afirmó que es "sencillamente injusto que millones de titulares de arrendamientos puedan recibir cargos injustos y luego enfrentarse a otra factura solo por impugnarlos". Kion Ahadi, director ejecutivo del Leasehold Advisory Service, dijo que esos cargos son el asunto que los titulares de arrendamientos plantean con más frecuencia al servicio, y acogió los cambios como un paso adelante importante.
