El fiscal general del Reino Unido inauguró el 10 de noviembre de 2026 la exposición oral de Gran Bretaña en el procedimiento iniciado por Argentina sobre la actividad de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. La audiencia versó sobre la solicitud de medidas provisionales de Argentina, según el texto del escrito publicado por el Gobierno británico. El fiscal general argumentó que la solicitud debe ser rechazada.

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La jurisdicción, eje del caso británico

El Reino Unido afirmó que la disputa trata, en el fondo, sobre la soberanía sobre un territorio terrestre, una materia que, según dice, los tribunales de la CONVEMAR no tienen competencia para decidir. Señaló el artículo 288, párrafo 1, que abarca las controversias relativas a la interpretación o aplicación de la Convención. El Reino Unido indicó que consintió que los tribunales de la CONVEMAR resuelvan controversias sobre el derecho del mar, pero no cuestiones sobre su soberanía sobre los territorios de ultramar.

El fiscal general dijo que Argentina debe cumplir cuatro requisitos: jurisdicción prima facie, derechos plausibles, urgencia y un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable. A su juicio, Argentina no cumple ninguno. Afirmó que el tribunal del Anexo VII estará constituido mucho antes de que comience cualquier perforación, y que se han realizado perforaciones desde 1998, lo que deja sin explicar el momento en que Argentina alega la urgencia.

Intereses económicos, según el relato del Reino Unido

El Reino Unido sostuvo que las medidas solicitadas impedirían a los habitantes de las islas Malvinas desarrollar sus recursos naturales y podrían costar a las islas miles de millones de libras en ingresos. También dijo que las empresas que respaldan el proyecto se verían gravemente afectadas. Estos puntos se apoyan en declaraciones de testigos fechadas el 2 de noviembre de 2026, que el escrito cita. El Reino Unido añadió que el proyecto no sobreviviría si se ordenara la principal medida que solicita Argentina.

Gran Bretaña cuestionó las preocupaciones medioambientales de Argentina, al afirmar que Argentina no participó en las consultas de 2024 sobre la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, aunque sí lo hicieron otras entidades argentinas. Añadió que Argentina ha autorizado la perforación de más de 400 pozos en sus propias aguas.

Posiciones sobre la soberanía y procedimiento

El Reino Unido afirmó que su reclamación de soberanía data de 1765, con una administración continua desde enero de 1833, interrumpida únicamente por la invasión argentina de 1982. Citó un referéndum de 2013 en el que el 99,8 % de los votantes eligió seguir siendo británico. El sitio web del Gobierno de las islas Malvinas describe el mismo resultado del referéndum y dice que las islas se autogobiernan, salvo en asuntos exteriores y defensa. También sostiene que la retórica argentina amenaza reiteradamente la paz.

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El fiscal general criticó además las declaraciones del presidente argentino Milei en la Asamblea General de la ONU en septiembre. En cuanto al procedimiento, el Reino Unido dijo que designó a un miembro del tribunal del Anexo VII el 22 de octubre y que las partes debían reunirse después de la audiencia para tratar los tres nombramientos restantes.

Fuentes