El Estado venezolano es responsable de la muerte en detención de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés). El periodista Luis Carlos Díaz describe las conclusiones en un relato publicado originalmente por Runrunes, traducido por Caracas Chronicles y republicado por Global Voices.
Lo que halló la misión
Díaz, dirigente regional de Acción Democrática, murió el 6 de diciembre de 2025. Las autoridades registraron como causa oficial un infarto agudo de miocardio. Según el relato, la FFM no alega que haya sido golpeado de forma mortal ni que se diera la orden de abandonarlo. Su argumento es otro: durante un largo periodo no recibió tratamiento especializado, pese a que síntomas alarmantes se repitieron durante más de un año, y esa carencia de atención contribuyó a su muerte. La misión considera que se trata de una privación arbitraria de la vida de la que el Estado debe responder.
Detención e historial de salud
Agentes del SEBIN lo detuvieron en Ospino, en el estado Portuguesa, el 24 de noviembre de 2024, y sus familiares no supieron dónde estaba durante cuatro días. La fiscalía lo acusó de «incitación al odio» y «terrorismo», y durante todo su encarcelamiento, según el relato, se le negó un abogado de su elección y se le impidió ver el expediente de su caso.
Ya sufría convulsiones, depresión y ansiedad con rasgos paranoides antes de su arresto. Un informe médico de 2024 señalaba como pendientes un tratamiento farmacológico, una tomografía computarizada y una evaluación neurológica. Otros presos dijeron a la FFM que atravesó al menos dos crisis graves tras las rejas. Durante una de ellas, en octubre de 2025, tuvo dolor intenso, rigidez muscular y confusión, que el personal médico de El Helicoide atribuyó a una indigestión y a un problema estomacal. La FFM constató que nunca lo vio un especialista, aunque su familia y otros reclusos lo pidieron en repetidas ocasiones.
Hacia las 5:00 de la madrugada, hora local, del 6 de diciembre de 2025, volvieron los mismos síntomas. Sus compañeros de celda pidieron auxilio, que llegó tarde. El personal del área médica del centro intentó reanimarlo y murió poco después en el Hospital Universitario de Caracas.
Un patrón más amplio
El relato presenta a Díaz como un caso entre otros. Otro de los documentados por la misión fue el de Edison José Torres Fernández, quien había servido 24 años en la policía antes de ser encarcelado por criticar al Gobierno; las marcas en su cuerpo no se mencionaron en su certificado de defunción. Nadie ha afrontado todavía consecuencias en ninguno de los dos casos, según el relato.
El informe y su contexto
Aunque el Estado venezolano rechazó cualquier cooperación, la FFM se basó en 213 entrevistas confidenciales que abarcaron a 121 personas, entre ellas víctimas, familiares y testigos, además de registros forenses y judiciales. Cientos de presos fueron liberados bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez después de que Nicolás Maduro fuera capturado tras una intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero. Aun así, la ONU afirma que al menos 18 altos cargos vinculados anteriormente con abusos siguen ocupando puestos importantes, entre ellos Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
Los miembros del Consejo de Derechos Humanos renovaron el mandato de la misión por dos años más en octubre. Por otra parte, el informe cita a un tribunal federal argentino que, invocando la jurisdicción universal, solicitó en junio de 2026 la extradición de un exmilitar venezolano que vive en España.
Fuentes
- Global Voices (CC BY 3.0)
