Los soldados de Indonesia que cometan delitos podrían comparecer ante jueces civiles después de que el Tribunal Constitucional del país diera a los legisladores dos años para reformar la Ley de Justicia Militar de 1997. Si el plazo vence sin cambios, la ley quedará invalidada, informó Global Voices. El fallo se dictó el 15 de octubre y fue elogiado por organizaciones de derechos humanos.
Por qué importa el fallo
En el centro de la disputa está el artículo 9. Según Global Voices, este somete exclusivamente al sistema de justicia militar a los miembros en activo de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, y abarca no solo los delitos militares, sino también los delitos comunes y las violaciones de derechos humanos.
Los activistas llevan tiempo presionando para que se produzca un cambio. Afirman haber documentado casos en los que los tribunales militares no investigaron ni procesaron abusos graves cometidos por soldados, y objetan que los jueces militares son, a su vez, soldados en servicio. Los procesos, añaden, suelen desarrollarse dentro de la cadena de mando y lejos de la vista del público.
Global Voices describe la ley como un legado del Nuevo Orden, el período del gobierno de Suharto, de 1966 hasta su dimisión en 1998, durante el cual se apoyó en el ejército para mantenerse en el poder.
Reacciones de las organizaciones de derechos humanos
KontraS, una organización indonesia de derechos humanos, celebró la decisión. Dijo que uno de sus empleados fue víctima de un ataque con ácido por parte de un grupo de soldados y que, con el nuevo fallo, un caso así podría verse en un tribunal público. En su comunicado, la organización afirmó que la decisión pone fin a un vacío legal que durante mucho tiempo se consideró un amparo para que los soldados no rindieran cuentas.
Human Rights Watch señaló que modificar la ley impulsaría un esfuerzo de décadas por profesionalizar las fuerzas armadas y dotarlas de credibilidad, con soldados que respondan por abusos graves. Free Press Unlimited calificó la decisión de victoria contra la impunidad e instó a los legisladores a actuar con rapidez.
Según Global Voices, organizaciones de la sociedad civil indonesias e internacionales quieren que los legisladores inicien la reforma con consultas en las que participen el público y diversas partes interesadas.
Lo que se argumentó ante el tribunal
Entre los demandantes figuraba Eva Meliani Pasaribu. Global Voices informa de que su padre, Rico Sempurna Pasaribu, periodista de Tribrata TV, fue asesinado en junio de 2024 tras informar sobre actividades de juego en las que presuntamente estaba implicado un alto oficial militar. Las fuerzas armadas examinaron la denuncia en privado y la rechazaron por falta de pruebas suficientes, según el mismo relato.
Ibnu Syamsu Hidayat, asesor jurídico de los demandantes, dijo al tribunal que permitir que la jurisdicción militar prevalezca sobre el poder judicial ordinario choca con la democracia constitucional. Afirmó que la redacción amplia de la ley se ha interpretado de modo que los tribunales militares puedan ocuparse de casos como corrupción, infracciones de tráfico, violencia doméstica y narcóticos.
Altos mandos defendieron el sistema. El mariscal H. Haris Haryanto, del Ministerio de Defensa, dijo que los tribunales militares están concebidos para ponderar la naturaleza de la conducta de los soldados junto con los intereses de la defensa nacional. El general Agus Subiyanto, comandante de las fuerzas armadas, sostuvo que la demanda reflejaba una comprensión incompleta del funcionamiento del derecho militar, y afirmó que los jueces militares gozan de una independencia garantizada por la Constitución y de supervisión técnica por parte del Tribunal Supremo.
El experto jurídico Al Araf dijo al tribunal que la ley se redactó bajo un «régimen político autoritario». Otro experto, Zainal Arifin Mochtar, sostuvo que necesitaba una revisión para adecuarla a los principios democráticos.
Preocupaciones sobre el panorama general
Los activistas sostienen que es esencial mantener el escrutinio público, según Global Voices, que señala que el presidente Prabowo Subianto fue un general expulsado de las fuerzas armadas por abusos de derechos humanos. Desde que asumió el cargo en 2024, añade el medio, ha ampliado el papel del ejército en la gestión de los asuntos civiles.
Fuentes
- Global Voices (CC BY 3.0)



