El profesor William Webster, comisionado de Biometría y Cámaras de Vigilancia, ha dado un apoyo matizado a los planes del Gobierno para regular el reconocimiento facial. Afirmó que la respuesta oficial a la consulta apunta en una dirección que respalda con firmeza, pero deja sin resolver varias cuestiones importantes.

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En una declaración publicada en GOV.UK, Webster dijo que esperará a que el proyecto de ley de reforma policial (Police Reform Bill) llegue al Parlamento para ver las propuestas completas. Describió la futura ley como una oportunidad que se presenta una sola vez por generación para establecer normas y salvaguardas vinculantes. Señaló que es urgente porque el reconocimiento facial se está extendiendo con rapidez por toda la sociedad.

Preguntas aún abiertas

Según el comisionado, la respuesta todavía no explica:

  • cómo se repartirán la gobernanza, la rendición de cuentas y la supervisión entre la legislación primaria y el código de buenas prácticas de carácter legal previsto;
  • qué implicarán las pruebas de necesidad y proporcionalidad;
  • quién juzgará si determinadas tecnologías son eficaces y aceptables;
  • qué significará en la práctica una supervisión significativa;
  • de dónde procederán las normas técnicas y operativas nacionales;
  • cómo se harán cumplir las normas a los usuarios comerciales;
  • si el nuevo organismo de supervisión recibirá recursos suficientes.

También pidió más información sobre si las competencias, la financiación y los conocimientos especializados de ese organismo serán suficientes para las labores de auditoría y cumplimiento. Una coordinación estrecha con otros reguladores sería vital, dijo, para que la supervisión no se solape ni deje puntos ciegos.

Por qué importan las salvaguardas

Webster calificó de intrusivos el reconocimiento facial en directo y otras formas de vigilancia biométrica. Sostuvo que estas herramientas chocan con derechos humanos fundamentales, entre ellos la privacidad, la reunión pacífica, la libertad de expresión y la libertad de circulación. La respuesta del Gobierno reconoce que esos derechos podrían verse vulnerados, señaló, y a su juicio hacen falta una ley clara y salvaguardas eficaces para reducir ese riesgo.

También apuntó a la desigualdad en la actuación policial. Los cuerpos han gestionado de formas distintas los despliegues en directo recientes que ha observado, dijo, y un marco jurídico podría fomentar el cumplimiento coherente de las normas nacionales, a partir del Código de buenas prácticas sobre cámaras de vigilancia (Surveillance Camera Code of Practice) del ministro del Interior. Webster prevé que el reconocimiento facial se integre cada vez más en las redes de cámaras existentes, en las cámaras corporales y en los drones, y afirmó que el análisis de vídeo basado en inteligencia artificial ampliará de forma drástica lo que pueden hacer las cámaras convencionales. Por ello, dijo, el Parlamento debe poder incorporar más adelante otras tecnologías al marco.

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Elementos que acogió con satisfacción

Webster dijo que le complació que las propuestas para un nuevo organismo de supervisión indiquen que tendrá competencias de cumplimiento, algo que había solicitado, junto con competencias de auditoría e inspección, en su propia contribución a la consulta. También valoró positivamente los planes de abarcar servicios públicos más allá de la policía, de publicar un nuevo código de buenas prácticas de carácter legal y de elaborar un código similar para las empresas. Un único organismo de supervisión, afirmó, debería simplificar lo que calificó de panorama regulatorio saturado. Según Webster, la respuesta pretende basarse en el trabajo ya realizado por su oficina y en los principios de la Ley de Protección de las Libertades de 2012 (Protection of Freedoms Act 2012).

Fuentes