La ley de manifestaciones pacíficas de Camboya, aprobada en 2009, prometía amparar el derecho a organizar reuniones públicas y a participar en ellas mediante «parques de la libertad» en cada provincia. Según el relato de Global Voices, en la práctica solo se ha habilitado uno, y las autoridades a menudo impiden que se use para protestar.
Un solo parque y a menudo vedado
En 2026, las autoridades rechazaron el permiso para usar el parque de Phnom Penh durante el Día Internacional de la Mujer. Sugirieron a los colectivos que lo celebraran en sus propias sedes. La municipalidad avisó además de que los organizadores podrían afrontar acciones legales si el acto afectaba la seguridad, el orden público o la estabilidad social.
El Día del Trabajo, el 1 de mayo, se aplicaron las mismas prohibiciones. Las autoridades solo toleraron que diez personas se manifestaran y entregaran peticiones a organismos del Gobierno.
El Centro Camboyano para los Derechos Humanos (CCHR) ha registrado otros episodios. En enero de 2015 se bloqueó el paso a manifestantes de comunidades afectadas por desalojos. En septiembre de 2020 se levantaron barricadas, en teoría por la seguridad y el orden durante la pandemia, y relatores especiales de Naciones Unidas manifestaron su inquietud por esas medidas.
Un parque lejos del centro
El parque de Phnom Penh fue un escenario relevante para las manifestaciones de la oposición en 2013 y 2014. Más tarde, el espacio fue reubicado: el nuevo parque abrió sus puertas en 2017 muy apartado del núcleo urbano, en una zona de almacenes y naves industriales.
En declaraciones a VOA Khmer, el representante en Camboya de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió de que apartar el parque del público restaría valor expresivo a las concentraciones y estorbaría el ejercicio de derechos fundamentales. El CCHR ya había advertido en 2011 del riesgo de que los parques quedaran donde pocos ciudadanos pudieran ver u oír a los manifestantes, lo que anularía el propósito de protestar.
Reparos a la ley desde 2009
Ya en 2009, año en que se aprobó la norma, organizaciones de derechos humanos criticaron varias disposiciones. Una de ellas obliga a indicar en la carta de notificación el número de participantes, algo que consideraron absurdo por ser imposible de prever. Con una lectura estricta, una estimación errada podría volver ilegal la protesta.
Amnistía Internacional añadió que la norma no reconoce ni protege las concentraciones espontáneas, que surgen sin organización previa, normalmente como reacción a un suceso concreto, y por eso no pueden notificarse con antelación.
Reuniones desiguales con las autoridades
El CCHR describió también cómo se desarrollan los contactos entre grupos civiles y funcionarios. Según el centro, unos pocos integrantes de las organizaciones se enfrentan a numerosos cargos del Gobierno, muchos de alto rango. Cuando las autoridades comunican su decisión, a menudo no dejan tiempo suficiente para hablar ni para debatirla.
El centro resumió que la ley no solo sirve para circunscribir las protestas al parque, sino que cada vez se limita o deniega el uso del propio parque. A su juicio, estas restricciones amenazan con estrechar el espacio democrático de los camboyanos y con dejar la democracia reducida únicamente al voto.
Llamados a revisarla ante las urnas
Las organizaciones de derechos humanos piden reformar la ley, pues prevén más movilizaciones y concentraciones antes de los comicios municipales de 2027 (Commune/Sangkat) y de los de la Asamblea Nacional de 2028.
Fuentes
- Global Voices en Español (CC BY 3.0)
