Un decreto aprobado en Mozambique en diciembre de 2025 permite al Estado cortar los servicios de telecomunicaciones durante un máximo de 48 horas sin autorización judicial, según informó Deutsche Welle. La medida es ahora objeto de impugnación por considerarse inconstitucional. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro para la Democracia y los Derechos Humanos (CDD), han presentado un documento ante el Defensor del Pueblo en el que cuestionan la legalidad del Decreto n.º 48/2025, según Global Voices.

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Las organizaciones quieren que el Defensor del Pueblo examine la medida a la luz de la Constitución de la República de Mozambique y de las obligaciones en materia de derechos humanos y libertad de expresión que el país ha asumido a nivel internacional. Sostienen que el texto concede a las autoridades un amplio margen para intervenir en las redes de telecomunicaciones siempre que se invoque la seguridad nacional o el orden público.

Sin resolución y sin uso documentado

Global Voices informa de que hasta ahora no hay ningún caso documentado de aplicación del decreto, lo que dificulta valorar sus consecuencias reales. El Consejo Constitucional tampoco ha emitido ninguna decisión sobre los argumentos de las organizaciones, por lo que el panorama jurídico e institucional sigue sin aclararse.

El ministro y los críticos, en posiciones opuestas

Américo Muchanga, ministro de Comunicaciones y Transformación Digital, rechazó en marzo de 2026 que se estén restringiendo derechos. Argumentó que las normas protegerían a la sociedad en momentos críticos, mejorarían la capacidad del Estado para gestionar crisis y salvaguardarían infraestructuras de telecomunicaciones vitales.

Los críticos lo ven de otro modo. Periodistas y especialistas citados por el portal Moz24h se muestran preocupados por el efecto sobre la libertad de expresión, la comunicación y el derecho a la información, sobre todo cuando la gente se moviliza o la tensión política es alta. La impugnación llega mientras la agitación posterior a las elecciones de 2024 en Mozambique sigue pesando sobre el país. El activista y periodista Nadio Taimo dijo a Global Voices que muchos medios abandonaron el papel por las plataformas digitales debido al coste, de modo que cortar el acceso a internet podría restringir drásticamente la información y el debate público. Describió el decreto como una cobertura legal para una intención de bloquear internet que, según afirmó, ya se había llevado a la práctica sin ningún fundamento jurídico.

Un investigador que habló con Global Voices con la condición de mantener el anonimato, por motivos de seguridad, adoptó un enfoque distinto. Señaló que Francia, Brasil y Estados Unidos disponen de mecanismos para limitar las comunicaciones, y argumentó que el verdadero riesgo reside en la aplicación en un país donde la protesta se trata habitualmente como subversión.

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Anteriores medidas de mano dura y un patrón regional

La polémica evoca episodios anteriores. Las protestas por el coste de la vida sacudieron Maputo y Matola en febrero de 2008 y septiembre de 2010, y para organizarlas se utilizaron ampliamente los teléfonos móviles y los mensajes de texto. El gobierno de entonces respondió con normas más estrictas, entre ellas el registro obligatorio de las tarjetas SIM. Los jóvenes volvieron a salir a la calle en noviembre de 2012 por el aumento de las tarifas del transporte urbano semicolectivo conocido localmente como chapa-100.

Los grupos internacionales de vigilancia digital han registrado numerosos cortes de internet en África en los últimos años, señala Global Voices, y Angola y Guinea-Bisáu figuran entre los gobiernos que han restringido el acceso durante periodos de inestabilidad política.

Fuentes